El 70% de las ONG en España prevé una reducción de ingresos y plantilla

El estudio 'Impacto COVID-19 en entidades no lucrativas', elaborado por Fundación Deloitte, señala que el 17% de las ONG en España no pueden realizar su labor durante la pandemia.
HAZ29 mayo 2020

El 70% de las organizaciones sin ánimo de lucro en España prevé que sus ingresos se reduzcan tras la crisis originada por el coronavirus, según el estudio Impacto COVID-19 en entidades no lucrativas, elaborado por Fundación Deloitte, en colaboración con la Asociación Española de Fundraising y Fundación Lealtad. Esto pondría en peligro su plan de actuación contra las consecuencias de la pandemia.

El informe, que tiene como objetivo conocer el papel de entidades no lucrativas durante la pandemia y su respuesta ante los retos económicos y sociales derivados de la COVID-19, ha sido elaborado a partir de la información ofrecida por 170 entidades no lucrativas. Además, en él también han participado 161 empresas.

“Estamos viviendo una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes en nuestra historia reciente y, en este contexto excepcional, el papel de entidades no lucrativas está siendo primordial para hacer frente a los retos económicos y sociales que se plantean”, destaca Francisco Celma, presidente de la Fundación Deloitte.

El 33% de las entidades también afirma haber incrementado el número de beneficiarios aumentando los gastos de su actividad, si bien han reducido el número de voluntarios para un 47% de las actividades debido al confinamiento.

“El fundraising como fuente de financiación ha permitido que un 72% de las organizaciones contara con un fondo de reserva para afrontar los próximos meses de confinamiento, aunque la financiación queda condicionada por la situación socioeconómica de cada momento”, detalla Jaime Gregori Soler, presidente de la Asociación Española de Fundraising.

El papel de la RSC

El informe elaborado por Deloitte incorpora los resultados obtenidos en la tercera oleada del Barómetro de Empresas COVID-19, también desarrollado por la firma, e incluye la contribución social de las empresas durante la emergencia sanitaria, así como sus aportaciones.

En esta línea, para los panelistas del Barómetro, los ámbitos de actuación de sus políticas de RSC con relación a los ODS tras la crisis generada por el coronavirus han cambiado: su foco en salud y bienestar es mayor ahora, señalado como ámbito prioritario para el 73% de las organizaciones participantes, dejando en segunda posición las iniciativas relacionadas con promover el trabajo decente (48%).

En tercer lugar, permanecen las políticas relacionadas con la sostenibilidad y la acción por el clima (señalado por un 45%) y descienden a la cuarta posición las acciones relacionadas con la igualdad de género (44%). Por tanto, los beneficiarios prioritarios a los que las empresas dirigirán sus políticas de responsabilidad social corporativa (RSC) serán enfermos (61%) y desempleados (50%).

“La pandemia llega a un sector atomizado, formado principalmente por entidades con presupuestos por debajo del millón de euros y de ámbito local o provincial, que trabajan con gran variedad de colectivos y tienen como objetivo atender a la población más vulnerable”, explica Javier Urrecha, senior manager de RSC y Acción Social Deloitte.

Así, el colectivo prioritario para las entidades sociales es del de jóvenes e infancia, seguido del colectivo de personas en riesgo de exclusión. “El informe recoge también el impacto de un 10% de entidades que son muy grandes, es decir, aquellas que disponen de presupuestos por encima de los 25 millones de euros, más de 500 empleados y más de 1.500 voluntarios, y que atienden a millones de personas. El sector nos señala como necesidades prioritarias el apoyo psicológico, la educación y la alimentación”, apunta Urrecha.

Impacto digital y estructural de la COVID-19

La adaptación del tercer sector al teletrabajo ha sido uno de los factores que más temores ha despertado, ya que está relacionado con el grado de desarrollo digital de las organizaciones. Sin embargo, según este informe, más del 75% de las entidades ha podido adaptarse a las circunstancias especiales ocasionadas por esta crisis “sin ningún problema” o “con alguna dificultad inicial puntual”.

Pero hay que tener en cuenta el grado de afección a la hora de desarrollar actividades directas: un alto porcentaje de las entidades participantes en el estudio trabaja en los ámbitos de la inserción social, la discapacidad y la salud (34%, 34% y 42% respectivamente), donde la actividad presencial es clave, por lo que el 45% manifiesta que tiene dificultades para desarrollar su labor, y un 17% declara que no puede llevarla a cabo. Así, preguntadas por el impacto en el normal funcionamiento de su actividad, el 82% de las organizaciones afirma estar afectado en la ejecución de proyectos de manera significativa.

En este punto, las entidades demandan comprensión y flexibilidad, tanto a las empresas como a las administraciones, para poder atender la emergencia y adaptar bien los proyectos a la nueva realidad, aún incierta. “El 57% de las organizaciones está prestando ayuda de primera necesidad en esta crisis. Es significativo que casi la mitad de las entidades (49%) ha comenzado o aumentado este tipo de ayudas en estos dos primeros meses. La complejidad y gravedad del momento está haciendo que organizaciones que tradicionalmente no ofrecían este tipo de ayudas hayan tenido que organizar un nuevo servicio para atender a las personas con las que trabajan y sus familias”, explica Ana Benavides, directora general de Fundación Lealtad.

Con respecto a su estructura, las entidades no lucrativas también han tenido que acogerse a las medidas especiales para mitigar los efectos de la pandemia: el ERTE ha sido la principal medida tomada por estas organizaciones, combinada con otras alternativas como vacaciones retribuidas o reducción de empleo.

Ante la crisis, un 52% de las organizaciones confirma que ha tenido que tomar ya decisiones que afectan a su plantilla o prevé hacerlo en el corto plazo. Esta cifra supone exactamente el doble de entidades que en la crisis de 2008. El tercer sector estaba aún afectado por esta crisis anterior y venía arrastrando precisamente ciertos problemas de liquidez, según indica el informe.

“A las organizaciones les preocupa que la COVID-19 se lleve todos los recursos, olvidando el trabajo que habitualmente hacen y que resulta ahora más necesario que nunca. Las de cooperación recuerdan que la crisis es global y atienden a millones de personas en países con menos recursos. Ninguna quiere abandonar su misión y piden colaboración pública y privada para poder atender a las personas beneficiarias”, concluye Urrecha.

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